El pasado 17 de diciembre, se realizaron manifestaciones en diversas ciudades del país para denunciar el terrible asesinato de Marisela Escobedo, luchadora incansable en contra del feminicidio, ocurrido el pasado 16 de diciembre, mientras exigía justicia por el asesinato de su hija Rubí Marisol. En la Ciudad de México se realizaron manifestaciones frente a la Secretaría de Gobernación y frente a la representación del estado de Chihuahua en la capital del País.
La manifestación, convocada a las 17:00 frente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB), inició con el bloqueo por parte del gobierno federal para que las manifestantes pudieran reunirse. Con todo el perímetro rodeado de mayas y más de 200 elementos de la Policía Federal Preventiva (PFP), se impidió el acceso al lugar a partir de las 17:30.
Quienes lograron estar ante las puertas de la SEGOB realizaron un acto en el que se colocaron flores y cruces en memoria de Marisela y Rubí. Se leyeron los pronunciamientos exigiendo justicia ante estos crímenes, realizados por diversas redes, como la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez y del Observatorio Nacional de Feminicidio, así como de personas que se congregaron indignadas por el asesinato de Marisela y la situación de las defensoras de derechos humanos en México.
Mientras transcurría el acto, la SEGOB ofreció tener un diálogo con un representante de la Dirección de Concertación Social, pero las manifestantes solicitaron la interlocución con el Secretario de Gobernación o en su caso con las titulares de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos o de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM), instancias creadas para atender el tipo de acciones que se estaban denunciando.
Durante la espera para tener respuesta de qué autoridades recibirían a las manifestantes, aproximadamente a las 18:00 un grupo de elementos de la Policía Federal comenzó a enfrentarse violentamente contra manifestantes que querían entrar para integrarse a la manifestación. Durante más de 15 minutos se dejó a la mayoría de las y los manifestantes entre las vallas y un muro integrado por más de 100 elementos de la Policía Federal. Las manifestantes llamaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para que acudieran urgentemente como observadores y para levantar actas de los hechos (y que llegaron al lugar de los hechos tres horas después)
Sin respuesta para reunirse con las autoridades adecuadas para las demandas y ante la agresión de la PFP, las manifestantes se dirigieron a las oficinas de la Procuraduría General de la República (PGR), caminando por la avenida Reforma. Ahí, a la altura de la avenida Insurgentes, bloquearon el tránsito por alrededor de 5 minutos, denunciando los hechos y exigiendo interlocución.
Siguieron su recorrido por la avenida reforma y se detuvieron frente a la PGR, donde se sumaron las y lo manifestantes que habían estado ante la representación del gobierno de Chihuahua. Casi 30 minutos esperaron para que las autoridades federales acudieran para iniciar el diálogo, hasta que elementos de seguridad de la Ciudad de México empujaron a las manifestantes fuera de la avenida y realizaron nuevas gestiones para lograr la interlocución con el gobierno federal.
Finalmente, aproximadamente a las 20:00 horas, el director de Concertación Social de la Unidad de Gobierno de la Subsecretaría de Gobierno de la SEGOB, Lorenzo Gómez Hernández, acudió y escuchó las demandas que las manifestantes planteaban y se comprometió a dar respuesta a ellas.
La demanda principal fue sostener una reunión de trabajo en un plazo no mayor de 21 días –es decir, máximo hasta el 7 de enero- entre las personas y organizaciones civiles manifestantes con las y los siguientes funcionarios, de siete instancias de los tres niveles de gobierno que tienen relación directa con los hechos: el Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, la titular de la CONAVIM, la titular de la Fiscalía Especial para Delitos de violencia contra de Mujeres y trata de personas (FEVIMNTRA), el Gobernador del estado de Chihuahua, el Fiscal del estado de Chihuahua y el Presidente municipal de Ciudad Juárez.
La agenda para la reunión incluye los petitorios que se hicieron en los pronunciamientos de dicha manifestación, mismos que se entregaron al representante de la SEGOB, entre los que se encuentran:
1.Investigación inmediata y sanción a los responsables del asesinato en contra de Marisela Escobedo Ortiz.
2.La aprehensión inmediata del asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
3.La definición de medidas y mecanismos que garanticen la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobedo, a quienes, al tiempo que despedían el cuerpo de Marisela, fue quemada su carpintería y secuestrado y asesinado su cuñado, Manuel Monge Amparán.
4.La inmediata investigación y sanción a quienes han agredido a defensoras y defensores de derechos humanos, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la vida y la integridad de las defensoras.
5.El cumplimiento de todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que exigen justicia por dichos hechos.
6.La aprobación de recursos suficientes en el presupuesto estatal de Chihuahua para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.
2.La aprehensión inmediata del asesino de Rubí Marisol Frayre Escobedo, Sergio Rafael Barraza Bocanegra.
3.La definición de medidas y mecanismos que garanticen la integridad y seguridad para todos los familiares de víctimas de desaparición, violencia sexual y homicidios de mujeres, es decir, del feminicidio. Esto implica una atención integral, la investigación de los hechos y la debida reparación de los daños, de manera urgente para la familia Frayre Escobedo, a quienes, al tiempo que despedían el cuerpo de Marisela, fue quemada su carpintería y secuestrado y asesinado su cuñado, Manuel Monge Amparán.
4.La inmediata investigación y sanción a quienes han agredido a defensoras y defensores de derechos humanos, así como la definición de mecanismos efectivos que garanticen la vida y la integridad de las defensoras.
5.El cumplimiento de todas las disposiciones de la Sentencia Campo Algodonero, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos especifica acciones para prevenir, investigar y sancionar debidamente las desapariciones, violencia sexual y homicidios en contra de mujeres, así como investigar y sancionar a quienes realizan los hostigamientos y agresiones en contra de las familias y organizaciones que exigen justicia por dichos hechos.
6.La aprobación de recursos suficientes en el presupuesto estatal de Chihuahua para implementar Ley estatal por el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y para cumplir con la Sentencia de Campo Algodonero.
El representante de la SEGOB se comprometió a dar respuesta, con la fecha y lugar de reunión, el próximo lunes 20 de diciembre a las 11:00 horas, tanto a los enlaces nombrados entre las manifestantes, como de manera pública. Esto último se exigió como una manera de explicar a la sociedad capitalina la toma de las avenidas centrales durante esa noche y para dar a conocer la respuesta del gobierno federal ante la protesta y los hechos que conciernen a todo el país y no sólo al estado de Chihuahua.
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